Lefebvre, compañía líder en soluciones jurídicas, junto a la firma jurídica Acountax Madrid, organizaron ayer por la tarde una jornada virtual sobre el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ella se profundizó en aquellos puntos que han generado opiniones encontradas, tras el anuncio de la inclusión de ciertas novedades en el texto normativo, como el protagonismo del Ministerio Fiscal, la atribución de la competencia para su control y homologación al Juez de la Conformidad o la supresión de las funciones ejecutivas posteriores a la sentencia firme.
Juan Pujol, presidente de Lefebvre, y Manuel Lamela, presidente y socio director de Acountax Madrid, junto con Pablo Molina socio del área de Penal de Acountax Madrid en el papel de moderador fueron los encargados de inaugurar la jornada. En su intervención, Manuel Lamela aseguró que “detrás de este anteproyecto existen muchos temas sensibles, muchas cuestiones que a lo largo de los años se han ido planteando como necesarias. De lo que se trata ahora es de contemplar problemas en los que existen muchas visiones e intentar configurarlas de distintas maneras”
A continuación, intervino Fernando Molina Fernández, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, quien ha aclarado cuestiones acerca de la fase de instrucción, la nueva fase intermedia y la acreditación de indicios sobre delito y autoría. Sobre el contenido del anteproyecto de ley, Molina destacó la investigación como una fase esencial donde predomina la cuestión fáctica pero también una parte que tiene que ver con la adopción de medidas cautelares que tienen un contenido jurídico.
Posteriormente, el fiscal de Delitos Económicos del Ministerio de Justicia, Juan Antonio Frago aportó su análisis sobre la responsabilidad del Ministerio Fiscal como investigador y conductor de la fase de instrucción y su relación con la Policía Judicial. Durante su intervención, reconoció que “el actual anteproyecto nace de la fusión de los dos anteproyectos anteriores, sin embargo, no contempla problemas que se dan en la práctica y para los que no existe una solución”. En esta línea, ejemplificó varias situaciones que se producen de forma habitual pero que el nuevo anteproyecto sigue sin plantear una solución adecuada que las resuelva, lo que, en su opinión, “supone un retroceso”. Por tanto, según Frago, el anteproyecto de ley presentado es un “texto con buenas intenciones, pero que sigue sin dar respuestas a muchas cuestiones clave”.
Por último, Antonio del Moral García, magistrado del Tribunal Supremo, realizó un exhaustivo análisis sobre la figura del Juez de Garantías y sus funciones. Para el magistrado, “el Juez de Garantías es una figura pasiva. Es el Fiscal el que tiene que acudir al Juez de Garantías siempre que haya medidas inherentes de derechos fundamentales y pasa lo mismo con las medidas cautelares”. Estas son las normas antiguas, pero en el anteproyecto se destacan otras tres nuevas funciones que ha mencionado el magistrado: “el Juez de Garantías tiene el control de los plazos, además algunos decretos pueden ser susceptibles de recurso y, en cualquier momento, puede pedir el sobreseimiento por no ser los hechos constitutivos de delito”.