Además del concepto de vivienda protegida, la reciente creación de la ‘vivienda asequible incentivada’ por parte del Gobierno ha ampliado la posibilidad de acceder a pisos a precio de mercado para aquellas personas que no podrían hacerlo de otra forma.
Convivirá tanto la vivienda protegida como esta nueva modalidad, que se refiere a las de titularidad privada que se dediquen a precios reducidos para personas con ingresos bajos.
Para comprender mejor en qué consiste este modelo, The Simple Rent, ofrece cuatro claves que ayudarán al entendimiento de esta nueva figura en el sector inmobiliario español.
En primer lugar, hay que destacar que los propietarios que sean personas físicas obtendrán diferentes beneficios fiscales y urbanísticos si ofrecen dichos inmuebles para alquilar a precios reducidos.
Entre ellas destacan bonificaciones de hasta el 90% en la tributación del IRPF. El 50% se obtiene por el mero hecho de alquilar la vivienda bajo esta modalidad, un 70% si se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años o si se trata de un nuevo contrato con mejoras o rehabilitación y de un 90% si se produce el alquiler en zonas tensionadas.
En segundo lugar, la creación de un fondo social de vivienda ha sido una medida muy demandada por el sector inmobiliario. Esto posibilita incrementar el parque público de alquiler y, por tanto, el número de viviendas protegidas. La calificación de este inmueble, además, ya no podrá ser cambiada garantizando así unas condiciones básicas por al menos un período de 30 años.
Finalmente, la tercera clave es la implicación de agentes públicos, privados y del tercer sector con el fin de buscar soluciones a los problemas de oferta de vivienda orientada a tal fin. Esto ha generado diversidad de opiniones entre los distintos intervinientes ya que los beneficios públicos asignados a estas viviendas, las limitaciones de uso, temporales y de precios máximos que se fijen queda a criterio de la administración competente que son, en este caso, las Comunidades Autónomas.
Los especialistas de The Simple Rent consideran que, aunque sea una modalidad fundamental para incrementar la oferta del alquiler a corto plazo, es imprescindible para los propietarios conocer al detalle todos los beneficios fiscales que tendría para ellos, así como las obligaciones que tendrían como arrendatarios frente a los inquilinos y las administraciones públicas al respecto del precio máximo de alquiler, por ejemplo.