En unos meses comenzará a ser norma de obligado cumplimiento el uso del Programa TicketBAI (TBAI) en todo tipo de negocios minoristas del País Vasco, según las campañas informativas puestas en marcha al respecto por parte de las Haciendas forales de Euskadi.
En un momento incierto, donde todavía resuena la palabra ERTE y las ayudas siguen siendo más necesarias que nunca, va a entrar en vigor el Programa TicketBAI, un proyecto que ha diseñado el Gobierno Vasco, en colaboración con las Diputaciones Forales, con el objetivo de garantizar el uso de software de facturación y comunicación certificada para Hacienda de todos los pagos, siendo obligatorio para personas físicas o jurídicas que lleven a cabo una actividad económica comercial.
“Hasta este punto, todo parece correcto”, explica Miguel Fernández, Gerente de La Casa del TPV, que agrega: “controlar que todos los pagos, sean con tarjeta o en metálico por parte de la Administración es legítimo, pero obligar en el escenario actual a autónomos y pequeños empresarios a invertir en equipos y software, es agregar una presión extra a muchos negocios maltrechos”.
Y es que, desde un bar o restaurante, hasta una peluquería, tienda de bisutería o comercio de cualquier tipo, debe disponer de un Terminal Punto de Venta (TPV) y un software que verifique con una firma todas las facturas -simplificadas o no-, emitidas tanto si son pagadas en metálico como si se abonan por tarjeta.
Esto se va a traducir en un gasto notable, sobre todo para los negocios más pequeños, que tendrán que invertir en informática y dispositivos (TPVs), software homologado y, además, consultoría de implantación y mantenimiento, porque estos cambios obligatorios, requieren de ciertos conocimientos técnicos para poner todo el sistema en marcha.
¿Cómo afecta la entrada en vigor de TicketBAI a los negocios?En principio, si desde hace tiempo el negocio utiliza un sistema de TPV, puede ser simplemente llevar a cabo una actualización de software o usar algunas soluciones disponibles en el mercado que ya están preparadas, como las que ofrece La Casa del TPV en su apartado TicketBAI.
Una vez que se dispone del sistema adaptado a la normativa, mediante el equipo y su software se podrán implementar las acciones requeridas por este nuevo estándar. La primera de las nuevas acciones es la inclusión de código QR y TBAI en la factura o ticket. En paralelo se genera un fichero único de factura TBAI (Archivo XML de intercambio de información) y finalmente se genera otro complementario con la información de la factura y una huella que certifique el dispositivo, programa y usuario, a modo de firma.
“Una buena solución podría ser dar al menos tres años para adaptarse a la nueva normativa y unas ayudas económicas reales y directas a los establecimientos, es decir, subvenciones a Pymes y autónomos que les liberen al menos parcialmente del coste de dicha inversión, sin deducciones sobre IRPF o impuesto de sociedades, que se realizan a la larga y no alivian el impacto de dicho gasto en el momento en que debe producirse”, argumenta Fernández.
Otro punto que provoca desigualdad es la aplicación geográfica dentro del propio País Vasco. En Álava comienza la adaptación voluntaria el 1 de enero de 2022, convirtiéndose en obligatoria seis meses después para las farmacias y en octubre para todos los comercios, mientras que, por ejemplo, en Bizkaia, hasta enero de 2024 no será exigible a todas las tiendas y negocios.
TicketBAI es una norma pionera, pero “desde este mes de octubre también ha comenzado a desglosarse la nueva normativa nacional que exige la certificación del software para evitar dobles contabilidades, por lo que este fenómeno se extenderá más pronto que tarde a todo el país” expone el Gerente de La Casa del TPV.
“Por este motivo, también demandamos de la Hacienda Estatal que proporcione ayudas económicas directas para que los pequeños negocios, tan castigados por la pandemia, puedan ir preparándose y mejorando su información contable y fiscal. Solo así tendrá éxito cualquier campaña de mejora y antifraude, donde se enfoque el cambio en un impulso, frente al mensaje habitual de las sanciones a colectivos tan sensibles como el pequeño comercio” concluye Fernández.